David Leal, director ejecutivo ONG Innovacien
Latinoamérica está viviendo una emergencia educacional de alto impacto. Se calcula, según cifras del New York Times, que Ecuador perdió 90.000 estudiantes mientras que en Perú la cifra es cercana a 170.000 jóvenes. Estos dos ejemplos evidencian un retroceso de varios años en los avances conseguidos en la región en términos de cobertura de los sistemas de formación. Y Chile no es la excepción. Según proyecciones del Mineduc los 186 mil niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 21 años que no asisten a un establecimiento educacional podrían llegar a 267.822 en el contexto de la pandemia.
Lamentablemente estas proyecciones no estarían erradas, ya que hoy vemos como aumenta la deserción, y cómo la pandemia también está afectando la educación de las familias que se encuentran en una posición más desaventajada.
¿Tuvimos oportunidad de evitar el aumento en la deserción? Pareciera que sí, y es que si bien existen factores incontrolables, desde antes de la pandemia teníamos un gran desafío pendiente: la conectividad.
En la actualidad solamente el 24% de los hogares más pobres tienen acceso a banda ancha, mientras en los hogares con más recursos esta cifra es del 75%, según informa la SUBTEL. Si sumamos a esta situación la nula oferta pública de servicios de Internet hogar, quedando toda la responsabilidad en el mercado, el problema se amplifica, en especial al no existir una normativa que tome como derecho la posibilidad de tener acceso a la red. Estás son las llamadas zonas rojas, que son porciones del territorio que independientemente de la capacidad de pago de las familias, las empresas de telecomunicaciones no ofrecen el servicio en la zona. Según Interferencia esto es en el 30% del territorio en Santiago
Aunque coincidimos en la necesidad de mejorar las condiciones de la pandemia para que los estudiantes puedan volver a la presencialidad, si algo ya aprendimos en este proceso, es que la realidad a veces nos obliga a retroceder en los procesos de apertura, viéndonos obligados a tener sistemas educativos soportados casi al 100% por Internet. Si continuamos con familias sin acceso a este servicio, estamos negando la oportunidad de educar a niños, niñas y jóvenes, lo que afecta el derecho a la educación. Por ende la conectividad constante y estable comienza a ser una condición necesaria para garantizar el acceso a la educación.
Por eso, es necesario avanzar con rapidez en proveer de Internet a los estudiantes y a sus profesores, junto con eliminar las zonas rojas mediante alguna regulación que garantice que las empresas u otro ofrezca servicios de conectividad, para así entregar al menos un elemento básico en un proceso educativo, aún con muchos desafíos.